lunes, 15 de agosto de 2011

DE INTERES AL COLECTIVO DE REGANTES

En mi anterior comunicado a los regantes, desde este mismo blog dábamos información sobre la deuda que manteníamos con el guarda canal que prestó servicio el pasado año y parte del presente; asea hasta el 31 de Mayo 2.011.

El 15 de julio último conseguíamos, por fortuna, terminar de pagarle hasta el último céntimo; 15.278,88 euros de la deuda arrastrada desde septiembre 2.010. No sin antes haber llevado una negociación, yo diría, algo tensa e injustificable.
Su manifiesta "desconfianza" pensando no cobrar el segundo plazo diferido para el 15 de julio mediante un pagaré nominativo, fue objeto a la inclusión de una clausula; digamos condición resolutoria, en el documento de recisión laboral donde nos obligábamos a la reliquidacion de la deuda total en el supuesto de incumplir con el segundo plazo.
Es decir, si el pagaré hubiese resultado incorriente la broma nos hubiese costado más de 30.000 euros; cifra nada despreciable para la coyuntura económica que padecemos.
Quedó pendiente, y continúa quedando, ponernos al día con la seguridad social que durante los meses de entre septiembre 2.010 y mayo 2.011 no se había podido ingresar, no porque desestimáramos haberlo hecho, pues muy bien sabemos todos los regantes que la última remesa de recibos fue puesta al cobro a finales de agosto 2.010.
Hasta esa fecha los trabajadores de la Comunidad de Regantes si habían cobrado sus haberes.
Con la seguridad social, según liquidación recientemente practicada por dicho organismo, la deuda a la que tenemos que hacer frente es de: 3.698,80 euros. (Seiscientas quince mil cuatrocientas veintiocho pesetas)
Por el concepto del I.R.P.F. aún no tenemos la cifra exacta a la cual hay que añadir su correspondiente recargo por retraso en el pago. Aún hay más; ¿Qué me dicen ustedes señores comuneros en el supuesto de ser desestimado el recurso ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la sanción relativa al retraso en los pagos de las nóminas?
La sanción supera los 6.000 euros.
Toda una odisea.
Hasta aquí el resultado de una decisión unilateral y personal de algunos miembros de la anterior Junta de Gobierno anteponiendo sus propios intereses por los del resto de la Comunidad.
Las consecuencias de este tipo de actuaciones no es otra que teniendo poder decisorio aquellas personas con un mínimo porcentaje de votos y, con una proporcionalidad escasa en los presupuestos de la entidad puedan ocasionar un desajuste muy serio sobre los que más contribuyen.